La extraordinaria fuerza desatada por el volcán de La Palma está siendo sobrecogedora. Estamos ante el mayor fenómeno destructivo natural que han vivido las islas en su historia moderna, con una erupción que está causando un daño desconocido antes en la historia de los volcanes de las islas. Nadie recordaba un escenario tan imprevisible, tan espantoso. En pocos días, las escorias y los ríos de lava han sepultado la historia, el proyecto vital y los sueños de centenares de familias, destruyendo construcciones y huertas levantadas sobre el suelo volcánico por el esfuerzo de generaciones, transformando la roca calcinada en fértiles plantaciones, caseríos y barriadas.
La lava imparable ha devastado cientos de viviendas, junto a fincas, establos, comercios, infraestructuras o edificios públicos sobre los que giró la historia de muchos barrios, de muchas personas cuyos padres, abuelos y bisabuelos, levantaron, en la falsa convicción de que estaban a salvo de cualquier tragedia.
Al ver la magnitud alcanzada por este proceso volcánico, tenemos que reconocer la eficaz e inmediata reacción de nuestros servicios públicos, la población y las instituciones. Desde las primeras noticias de la erupción ha habido una colaboración muy estrecha y permanente de todas las instituciones, para dar respuestas a las necesidades y emergencias posibles. Una unidad que demuestra las profundas raíces de esta Comunidad Canaria.
Todos los dispositivos del Archipiélago Canario se pusieron en marcha para hacer frente a la crisis desencadenada en La Palma. Lo han hecho también distintas instituciones del Estado. Y Gran Canaria lo hizo con rapidez, desde el primer día, y con los efectivos que fueron necesarios: Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Bomberos Forestales, personal y medios de Obras Públicas, veterinarios… que han venido realizando servicios de apoyo para proteger a la población. Los recursos materiales y humanos que en la primera fase tenían como objetivo garantizar la seguridad de las personas y bienes, han dado como resultado que no tengamos que lamentar daños personales; que después de más de veinte días, no haya ninguna persona herida. Luego, con su trabajo se han dedicado a proteger estructuras necesarias para la actuación de los servicios y facilitar las actividades urgentes, así como la retirada de materiales que pudieran comportar riesgos (productos químicos, combustibles, cenizas, etc.), rescate de animales, así como vigilancia y control ante esta situación de riesgo extremo.
Sabemos que lo destruido incluye lo que significaba el único patrimonio de muchos palmeros y palmeras: sus viviendas, sus explotaciones agrícolas que eran su medio de vida, y también infraestructuras de uso público: carreteras, conducciones de agua, colegios… y es necesario pensar en devolver la normalidad a la vida de estas personas y comunidades afectadas. Y también en ocasiones como ésta la unión hará la fuerza y será con la colaboración de todas las instituciones, los colectivos y las personas la manera en que volverá a latir el corazón de la isla. Con este sentir, y de acuerdo con el resto de los cabildos insulares, la Federación Canaria de Islas (Fecai) ha acordado una primera aportación urgente para resolver los problemas de infraestructuras de riego, de abasto de agua pública o de carreteras. Esta actuación supone una primera contribución económica de diez millones de euros, de los que casi cuatro serán aportados por el Cabildo grancanario, que también ha manifestado al Cabildo de La Palma su disposición a colaborar con él en acciones que soliciten, “de restauración de las condiciones de vida, de desarrollo económico, de construcción de viviendas, de reparación de infraestructuras, de recuperación del paisaje de acuerdo con las autoridades insulares y locales”. En esta semana que entra visitaremos la Isla Bonita para celebrar una reunión de la Fecai y expresar in situ el apoyo de todas las islas al Cabildo, a los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía palmera. El Gobierno de España y el de Canarias han destinado partidas importantes para resarcir los daños y Europa no debe permanecer al margen.
El sistema económico y político imperante en el planeta arrastra al ser humano hacia el individualismo y el materialismo, pero nuestra condición humana no es esa, los desastres naturales y las catástrofes despiertan en las personas la necesidad de sentirse protegidas por el grupo, por la comunidad a la que pertenecen.
La toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad ante estos fenómenos naturales adversos e incontrolados no debemos asumirla como una debilidad si somos capaces de aceptar que la única manera de hacer frente a sus consecuencias es promoviendo la cohesión social y el sentido de pertenencia a una colectividad que sustenta nuestra necesidad de sentirnos acompañados y protegidos.
Para Juan Pablo II, “la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y permanente de empeñarse por el bien común, es decir por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos”.
Este Archipiélago, que conforma diversas realidades insulares, sabe unirse con fuerza ante las adversidades y un volcán de solidaridad está pugnando por superar al fuego emitido desde las entrañas de la tierra. La naturaleza impone sus reglas, pero desde todos los rincones de Canarias vamos a contribuir a que La Palma vuelva a renacer, a consolidarse como isla verde, atalaya espacial, como primera isla que tuvo una central hidroeléctrica. El volcán ha actuado imponiéndose sobre un amplio territorio, pero la isla en su conjunto sigue intacta. Con sus extraordinarios recursos naturales, sus pueblos y ciudades, con sus esperanzas de un futuro de oportunidades.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria