Vivimos tiempos que nos exigen compromiso y entereza porque las dificultades que tenemos que sortear superan todas las previsiones. “Si no conseguimos un Green New Deal, sucederá una desgracia”. Así de contundente se mostró Noam Chomsky, uno de los intelectuales de izquierda más destacados del último siglo, en una entrevista que la pasada semana se publicó en el periódico El País, con motivo del lanzamiento por intelectuales de todo el mundo de la “Internacional Progresista”, una organización que surge para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas de todo el mundo, y que tiene al Green New Deal (“Nuevo Acuerdo Verde”) como una de sus principales reivindicaciones.
El New Deal fue el nombre que el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dio a su política para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Basándose en las teorías del economista Keynes, Roosevelt puso en marcha un plan de inversiones públicas y de medidas sociales que transformó el país y que tuvo una enorme repercusión en toda Europa. Las políticas keynesianas implantadas en el New Deal fueron la base de los programas de la socialdemocracia en Europa y Estados Unidos hasta, al menos, finales de los años 70.
Inspirados por el espíritu de las políticas de Roosevelt, los promotores del Green New Deal (GND en lo sucesivo) defienden un programa global de medidas e inversiones estatales que persigue un triple objetivo: hacer frente a la crisis climática y al calentamiento global, crear millones de “empleos verdes” de calidad y bien remunerados, y luchar contra la desigualdad, tanto social como económica, racial y de género. Desde que la joven y prometedora congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez y el candidato a las primarias demócratas Bernie Sanders la lanzaran, la propuesta ha tenido un fuerte eco mundial y la mayor parte de los partidos verdes de Europa la están asumiendo como base de sus programas políticos.
Se trata de una iniciativa de acción global que tendría efectos muy limitados si se realizara exclusivamente a escala local o regional e, incluso, estatal y que necesita movilizar una gran cantidad de dinero que probablemente solo sería posible recurriendo al endeudamiento público por parte de la UE, emitiendo “bonos verdes europeos” para financiar estas inversiones. Creo que la filosofía del GND es la que debería guiar la acción de todos los planes de inversiones y reactivación de la economía de todas las administraciones. En Canarias podemos ser un referente mundial en esta materia. Por ese motivo, esta filosofía (que nosotros adaptamos a nuestro modelo insular a través de la ecoisla) es la que ha guiado el plan de inversiones del Cabildo de Gran Canaria de cien millones de euros (más otros 60 adicionales en medidas de emergencia para paliar los efectos del COVID) que presentamos la semana pasada.
Es evidente que cualquier proyecto de sostenibilidad en las islas pasa necesariamente por una reorientación de la actividad que genera el 35% del PIB de Canarias, el turismo. Por cierto, Nueva Zelanda estudia cambiar este indicador de desarrollo económico pues no siempre va ligado a una mejora de las condiciones de vida de la población y sustituirlo por otro que mida el “bienestar de la ciudadanía”. En Gran Canaria debemos transitar hacia un modelo turístico de mayor calidad, amplitud y pluralidad, basado en nuestro patrimonio natural y cultural, que aumente el gasto en destino con actividades de alto valor añadido que pueden ser proporcionadas por actores locales y vinculadas a la sostenibilidad. Por ello, en nuestro plan de inversiones hemos incluido quince millones de euros en distintas obras de rehabilitación, embellecimiento, accesibilidad y dotación de servicios, incluyendo energías renovables y gestión del ciclo del agua. Se incluyen obras como las del nuevo Mercado de Maspalomas, un edificio sostenible y orientado hacia el consumo del producto local, la rehabilitación del entorno del Oasis y La Charca como continuidad del Parque Tony Gallardo, también en Maspalomas, y actuaciones en Las Canteras o en La Laja en Las Palmas de Cran Canaria.
Las energías renovables tienen que ser una de las patas del nuevo modelo económico de Canarias y son una prioridad para este Gobierno insular. Por eso, en el plan de inversiones hemos incluido 7,5 millones de euros para la generación de energía fotovoltaica en el complejo ambiental de Juan Grande (que ya es autosuficiente y genera más energía de la que consume), en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), así como 300.000 euros para el parque científico tecnológico de Gáldar que está llamado a ser una de las referencias en la innovación y el desarrollo de Gran Canaria. Y aunque no formen parte de este plan de inversiones, también hay que tener en cuenta las líneas de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas, pymes y entidades sin ánimo de lucro, y que hasta el momento han conseguido impulsar casi un millón y medio de euros de inversión en este sector.
En este aspecto es importante destacar las actuaciones del plan Renovagua, un proyecto para que 26 plantas de desalación y depuración, distribuidas por todo el territorio insular, se abastezcan de energías limpias con el objetivo de reducir en un 40% el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo, además de ahorrar dos millones de euros de la cantidad total destinada a desalar agua. Hemos destinado 1.270.000 euros a tres actuaciones que forman parte de Renovagua, que se está desarrollando con un presupuesto total de 18 millones de euros.
La provisión de agua de manera barata y sostenible es imprescindible también para el desarrollo del sector primario y las políticas de soberanía alimentaria a las que destinamos 3,5 millones de euros. Estos cambios están ligados a recuperar, proteger e impulsar la actividad del sector primario en nuestra isla. La defensa y consumo del producto local garantiza la continuidad de nuestros agricultores y ganaderos, conservando el territorio que nos identifica y colaborando en la lucha decisiva contra el cambio climático. Nuestras acciones encuentran las inequívocas señales de que vamos en el camino correcto en el aumento de la superficie cultivada, en la consolidación de las empresas del sector o en la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería.
Gran Canaria cuenta con un inmenso patrimonio histórico y cultural que no siempre ha recibido la atención debida y que puede y debe jugar un papel clave en el futuro, por alto valor estructural, vinculado al territorio y a los actores locales. Vamos a destinar más de 3,5 millones de euros a diversas actuaciones de restauración del Centro Atlántico de Arte Moderno, del edificio de la Orquesta Filarmónica y a la adquisición de obras del futuro Museo de Bellas Artes (MUBEA) de Gran Canaria, una reivindicación histórica que se hará realidad en este mandato. A través del área de Patrimonio Histórico, vamos a dedicar 2,5 millones de euros a la conservación de los caminos tradicionales, a la renovación de los centros de interpretación del Patrimonio Cultural, a la restauración de las salinas de Gran Canaria y a la restauración paisajística, embellecimiento y mantenimiento del Paisaje Cultural de Risco Caído y Las Montañas Sagradas de Gran Canaria, que además de ser insignia de nuestra cultura, también son atractivos turísticos de primer orden.
Uno de los aspectos que en ocasiones se olvida es que la sostenibilidad no hace referencia únicamente a cuestiones de carácter medioambiental. Un modelo no puede ser sostenible con los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social que tiene Canarias y el GND es un plan para realizar una transición ecológica socialmente justa. Por ese motivo, vamos a destinar 9,5 millones de euros a la promoción de vivienda pública, proyectos de covivienda y rehabilitación de viviendas privadas. Es una inversión básica en un archipiélago que lleva una década sin construir vivienda pública. A esto se suman los 3,5 millones que destinaremos a la adquisición de recursos alojativos para mujeres y menores víctimas de violencia de género, por lo que la cantidad total movilizada para proveer de un alojamiento digno a las personas que lo necesitan alcanza los 13 millones de euros.
También nos vamos a volcar para ayudar a los ayuntamientos que van a ver seriamente mermados sus ingresos públicos, por lo que a través de la consejería de Cooperación Institucional destinaremos trece millones de euros a inversiones municipales, cinco de los cuales se destinan al proyecto “La Cumbre Vive” para la revitalización medioambiental, social y económica de las medianías y zonas altas de la isla, muy golpeadas por los incendios de los últimos años. Por supuesto, toda esta inversión tiene un objetivo transversal que es la generación de empleo, especialmente de empleo de calidad vinculado a nuevos sectores económicos, aunque el plan también contempla más de dos millones de euros para acciones específicamente vinculadas al empleo.
Frente a algunas declaraciones escuchadas en las últimas semanas que defienden el modelo de la construcción como la única salida de la crisis, desde el Cabildo de Gran Canaria planteamos un plan de inversiones que se alinea con las propuestas más innovadoras y que sitúa a la isla en una buena posición para encarar el que debe ser el futuro del desarrollo y que pasa por grandes planes públicos de inversión en sostenibilidad y derechos sociales. El importante descenso de los ingresos que estamos experimentando las administraciones públicas hace imprescindible que prioricemos y destinemos el dinero a aquellos sectores que permitan mejorar el nivel de vida de nuestra gente y la competitividad de nuestra economía garantizando así el futuro para las generaciones venideras.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria