Es realmente entrañable y solidario lo que estamos haciendo con las personas de Ucrania que buscan refugio en España y en Canarias. Todos los procedimientos administrativos se han agilizado significativamente para que puedan trabajar y acogerse a las distintas prestaciones que se han puesto en marcha para atenderlas. Se ha despertado una hermosa solidaridad entre muchas familias isleñas dispuestas a acoger, a abrir sus hogares para recibir a mujeres y niños que vienen buscando asilo a Canarias. Muchos hoteles están poniendo habitaciones a disposición de familias que no tienen dónde alojarse.
Compañías aéreas como Binter están programando vuelos especiales para trasladar hasta las islas a ucranianas que necesitan un lugar para refugiarse mientras dura la guerra. Hasta la frontera de Polonia acuden también organizaciones no gubernamentales, alcaldes, concejales y gente de buena fe para llevar alimentos y otros materiales necesarios… Desde el primer momento la Unión Europea se puso de acuerdo para activar, por primera vez en la historia, una Directiva que tenía más de 20 años y que permitía la entrada sin límite de refugiados ucranianos. La medida no solo contempla su entrada, sino un permiso para residir en la UE durante un año, prorrogable si las circunstancias de la guerra así lo exigieran.
Insisto en que resulta emocionante constatar tanta solidaridad ante la situación de desesperación de tantas familias que huyen despavoridas de una guerra que pone en riesgo sus vidas. Es lo que tenemos que hacer. Es nuestra obligación humanitaria protegerlas, ampararlas… Y me enorgullece que no surjan voces diciendo que estas personas nos invaden, que genera alarma social verlas pasear por nuestras calles, que nos quitan los puestos de trabajo. Es realmente loable que no se convoquen manifestaciones para echarlas, que no se critique que estén en hoteles mientras dure la tragedia.
Desgraciadamente no siempre actuamos igual y no puedo evitar hacer la siguiente reflexión: ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo con las personas que tenemos al lado, en el continente africano? ¿Somos conscientes de la situación terrible que viven los países del Sahel y tantos otros de África? África es un continente inmenso, pero si nos circunscribimos tan solo a los países del Norte de África y del África Occidental vemos circunstancias tan graves como las de Ucrania que justificarían una respuesta similar. Y no la damos.
Malí, especialmente el norte del país, está sufriendo un conflicto desde hace una década que enfrenta a rebeldes del pueblo tuareg y yihadistas contra los diversos gobiernos y el Estado maliense. Se trata de un conflicto que ha causado ya 25.000 muertos y 2,5 millones de desplazados internos (personas que tienen que abandonar las zonas de guerra y trasladarse a otras zonas del país más seguras, abandonando sus casas y sus medios de vida).
Además, el Sahel (una región del Norte de África limítrofe con el Sáhara que incluye a varios países del África Occidental) está sufriendo la amenaza de diversos grupos terroristas de corte yihadista que controlan cada vez más franjas de terreno. Se trata de grupos terroristas afiliados a Al Qaeda, reunidos en el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y a Dáesh, como el Estado Islámico del Gran Sáhara. Aprovechando la debilidad de muchos estados hostigan y atacan a poblaciones no solo de Mali, sino de Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín, Camerún o Togo. En 2021 se produjeron 1.253 ataques yihadistas en este continente, más de la mitad de los atentados de este tipo que se produjeron en el mundo. Francia y otros países aliados han desplegado misiones militares en la zona sin que hasta el momento se haya conseguido frenar el avance terrorista. Sus ataques provocan varios millones de desplazados.
La realidad es que los conflictos bélicos se extienden por todo el continente. Además de en los países ya señalados, la guerra o el terrorismo están presentes de una u otra manera en Níger, Nigeria, Mozambique, Camerún, República Centroafricana, Sudán del Sur, Libia, Somalia, Lago Chad, República Democrática del Congo… Incluso Senegal, uno de los países más cercanos a Canarias y más estables y seguros de la zona, vive desde hace casi cuatro décadas un conflicto al sur de su territorio en la región del Casamance, con un grupo insurgente que reclama la independencia de esa franja por sentirse abandonados por el Gobierno central. Se calcula que el conflicto ha podido producir más de 5.000 muertos y cientos de desplazados y pueblos abandonados. Esto es especialmente grave porque se trata del “granero de Senegal” y cada aldea abandonada es un campo de cultivo que se queda sin cultivar. No es casualidad que buena parte de los jóvenes senegaleses que vienen a Canarias procedan de esta zona.
No podemos olvidarnos tampoco de que África es uno de los continentes más afectados por el cambio climático. Un informe de 2019 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) concluía que el cambio climático estaba teniendo «efectos devastadores en la producción de cultivos y la seguridad alimentaria” del continente, debido sobre todo a un aumento de las temperaturas que conlleva un mayor número de sequías, plagas o inundaciones. Esto, además, está golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables y contribuyendo a la inseguridad alimentaria, al desplazamiento de poblaciones y ejerciendo una importante presión sobre los recursos hídricos.
Son solo algunos ejemplos para demostrar la gravedad de la situación que están viviendo nuestros países vecinos y que, sin embargo, no se traduce en políticas migratorias y de asilo similares a las se han puesto en marcha para Ucrania. Más bien al contrario, la actuación de España y la UE con las personas que llegan desde África buscando refugio supone una vulneración sistemática de sus derechos humanos.
Aún tenemos frescas las imágenes del llamado “campamento de la vergüenza en el muelle de Arguineguín”, en el que se hacinó a casi tres mil personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas.
Pero no hace falta recordar los hechos de Arguineguín. Esta misma semana 20 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco se han escapado y otros 15 se han puesto en huelga de hambre por las condiciones en las que son tratados o que no les permitieran cumplir con el rito musulmán del Ramadán. Hay que recordar que los CIE en la práctica son cárceles para extranjeros en la que se encierra a personas que no han cometido ningún delito y en las que se han documentado ampliamente todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.
No podemos olvidar tampoco que Canarias acoge en estos momentos unos 2.645 menores extranjeros que llegaron a las islas no acompañados, de los cuales 1.496 se encuentran en Gran Canaria. Las derivaciones hacia otras comunidades autónomas apenas ascienden al 3,7%, poco más de un centenar, a pesar de que desde todas las instituciones competentes se ha dejado claro que las derivaciones son necesarias para poder ofrecer una atención adecuada a estos menores en materia de educación e integración social y laboral para cuando cumplan la mayoría de edad. Hasta ahí no llega la solidaridad de las comunidades autónomas españolas ni la del propio Gobierno del Estado.
Desgraciadamente esto es la muestra de que no medimos a todas las personas por el mismo rasero y de que la diferencia tan brutal de trato entre la situación de Ucrania y la de los países de África, que también están sufriendo guerras terribles, solo se sustenta en prejuicios raciales y religiosos. Pero también es una muestra de que si hay voluntad política hay capacidad para acoger y dar un trato digno a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países como consecuencia de la violencia.
No solo se trata de una cuestión de humanidad, solidaridad y derechos humanos. Las políticas migratorias y de asilo extremadamente restrictivas suponen un lastre para el desarrollo económico, tanto para las sociedades de origen como de acogida de estas personas. Si queremos paz y seguridad en Canarias y en Europa debemos comprometernos con políticas que fomenten la paz, los derechos humanos y el bienestar de nuestros países vecinos, que eviten el éxodo de miles e incluso de millones de personas en busca de los derechos humanos más fundamentales.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria