En esta ocasión, por su interés y clarividencia, quien suscribe se limita a transcribir lo esencial de una amplia y significativa reflexión publicada a principios de octubre por Joan Coscubiela Conesa, diputado del Parlamento de Cataluña y portavoz del grupo “Catalunya Sí que es Pot” en el hemiciclo catalán. Resumidamente decía lo siguiente:
“En ocasiones hace falta situarse al borde del precipicio para que el vértigo que produce mirar al abismo active el instinto de supervivencia.
Parece que eso es lo que le ha pasado a una parte de la sociedad catalana y española. Por fin, amplios sectores de la ciudadanía han decidido hacer pública su preocupación y hacer explícito su apoyo al diálogo y a soluciones negociadas.
El Gobierno de Rajoy ha repetido demasiadas veces y con toda vehemencia su negativa a dialogar y a presentar propuestas. Ha jugado a alimentar el conflicto con Cataluña para convertirlo en su particular yacimiento de votos en toda España.
Por otra parte, el Gobierno catalán y las fuerzas que le apoyan han confundido la legitimidad de reivindicar la independencia con la viabilidad de su declaración unilateral. Han explicado erróneamente a la ciudadanía que aunque se tenga la oposición del gobierno español, se iba a tener el apoyo internacional y de la Unión Europea.
Y por si fuera poco, ambos gobiernos y fuerzas en conflicto han menospreciado, e incluso han ninguneado a quienes desde hace años hemos venido planteando la salida negociada del Referéndum pactado.
Llegados a la situación actual, cualquiera que sea el camino que elija el Presidente Puigdemont, los costes ya son muy elevados, tanto en términos políticos como en términos económicos y sociales. Pero el Estado, aunque pueda someterlo coyunturalmente, no va a derrotar el arraigado movimiento independentista catalán.
Por otra parte, por muy amplio y fuerte que sea el apoyo a la reivindicación independentista, ésta no va a doblegar la resistencia y el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado Español.
Por todo ello, si se insiste en la vía de sostener y agrandar el conflicto, no habrá ganadores, todos seremos perdedores. Sólo es posible salir bien de este conflicto que ya es una espectacular crisis de Estado, si se apuesta por el diálogo y el acuerdo.
Es evidente que en el contexto actual pretender el diálogo es bastante difícil, pero es necesario mantener esta posición hasta el final. Sin embargo, no basta con la apelación genérica al diálogo. Hay que poner encima de la mesa propuestas concretas que sean viables y aplicables en un tiempo prudencial relativamente corto.
Y cualquier posibilidad de acuerdo pasa porque en Cataluña se celebre un referéndum en el que se consulte a la ciudadanía su opinión sobre el futuro político de Cataluña. La única manera de hablar en nombre de la sociedad catalana es permitir que se exprese en referéndum.
Y continúa el Sr. Coscubiela: La propuesta que sugiero en esta reflexión no es nueva. La han venido defendiendo constitucionalistas de todas las ideologías y con especial solvencia Rubio Llorente, que fue Vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado. Y catedráticos de diferentes ideologías e incluso con posiciones absolutamente contrapuestas entre sí, como Joan Vintró, Xavier Arbós, Marc Carrillo o Francesc de Carreras, entre muchos otros. Incluso el profesor y Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña, Antoni Bayona, lo ha explicado con gran solvencia en un artículo académico.
Esta vía constitucional ha sido incluso apuntada por el propio Tribunal Constitucional al menos en dos ocasiones. En sentencia 42/2014, en la que deja claro que nada impide defender el derecho a decidir e incluso la propuesta de independencia o cualquier otra fórmula de nueva articulación del Estado, sea federal o confederal, siempre que este planteamiento se haga a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución Española.
Y para que no haya ninguna duda, la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 2017 sobre la ley de Consultas referendarias insiste en que nada puede impedir que en el marco del desarrollo orgánico del artículo 92.3 de la Constitución Española se proceda a la celebración de referéndums consultivos en ámbitos territoriales inferiores al del conjunto del Estado y en concreto en el ámbito de una Comunidad Autónoma. (Dicho artículo 92.3 dice: Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución)
A partir de esta sentencia, es evidente que existe un camino constitucional para ejercer el derecho a decidir y que los impedimentos no son de naturaleza jurídica, sino políticos.
Sin embargo, lo cómodo y menos arriesgado hoy es dejarse llevar por el clima de conflicto. Pero lo que creo que espera la ciudadanía de nosotros (los políticos) es que seamos capaces de canalizar el conflicto hacia el pacto y la solución, aunque sea difícil y tenga costes políticos.
Y termina su reflexión con las palabras siguientes de Daniel Innerarity: “Un pacto requiere que nadie se empeñe en humillar al adversario, por un lado, y que caiga cuanto antes en la cuenta de que, si es un verdadero pacto y no una imposición disimulada, exigirá concesiones mutuas. De esta no salimos sin algún tipo de renuncia que será dolorosa”.
Y concluye el autor manifestando que quiere dejar bien claro que ésta es una reflexión personal que no pretende representar a nadie, sólo al que la suscribe. Y que es sólo una modesta aportación a un diálogo que siempre ha sido necesario y hoy es imprescindible”.
¿Será posible en algún momento llevar a la práctica la propuesta por el diálogo que sostiene el Sr. Coscubiela, que es defendida también por otros muchos ciudadanos de este país?
Fernando T. Romero Romero