La construcción del Teatro Auditorio Agüimes, una infraestructura extraordinaria en nuestro municipio, fue posible gracias al compromiso de financiación por parte de tres Administraciones Públicas Canarias, el Ayuntamiento de Agüimes, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Este compromiso se reflejó en convenios donde el Cabildo de Gran Canaria aportaba 82.339 euros, el Gobierno de Canarias 1.420.192 euros y el Ayuntamiento de Agüimes 4.507.591 euros.
Tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Gran Canaria cumplieron con sus compromisos, aportando la financiación necesaria para dicho proyecto. Por el contrario, el Gobierno de Canarias, pese a multitud de requerimientos, no cumplió con su obligación, por eso el Ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sentencia de 28 de enero de 2016 condenó al Gobierno de Canarias a que “sin más dilación proceda al pago de la cantidad adeudada”, entendiendo además que concurrían hechos de deslealtad institucional porque “existía un dinero comprometido, y se liquidan los convenios sin explicar a dónde ha ido el dinero”.
Todavía hoy el ayuntamiento de Agüimes no ha recibido ese dinero. El Gobierno de Canarias, incumplidor del Convenio, ha recurrido al Tribunal Supremo, dilatando así los procedimientos y perjudicando los intereses de los hombres y mujeres de Canarias.
En las últimas semanas, miembros del Gobierno de Canarias y sobre el convenio de carreteras Canarias-Estado, han manifestado que “…el Estado debe cumplir los convenios que firma”, porque se adeuda a Canarias más de 700 millones de euros. Sin embargo no parece que tengan la misma actitud a la hora de valorar los compromisos que se adquieren también mediante convenio, cuando son ellos los que se comprometen desde el Gobierno de Canarias, poniendo de manifiesto una doble moral que sólo repercute de manera negativa en el interés general por el empeño de incumplir lo pactado.
Mientras Clavijo y ATI-CC se nieguen a cumplir lo pactado, Roque Aguayro continuará exigiendo el pago del 1.420.192 euros y los intereses que correspondan, por todos los medios a nuestro alcance.