En los últimos días, el gobierno, los partidos políticos y la prensa no paran de hablar y de ensalzarse debatiendo sobre el CETA: que si hay que votar sí o si hay que votar no. Pero nadie se ha dignado explicar este asunto a la ciudadanía, como si este asunto no tuviera ninguna repercusión social. Las élites políticas y mediáticas continúan tratando a los ciudadanos como si fuéramos menores de edad. Siguen considerando que manteniéndonos al margen y en la ignorancia, nos pueden mentir y manipular con mayor facilidad.
Sin embargo, hagamos un elemental y modesto repaso. El CETA es el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá, que responde a las iniciales en inglés “Comprehensive Economic and Trade Agreement” (Acuerdo Global Económico y Comercial) y que elimina la práctica totalidad de los aranceles, suponiendo, además, un paso muy importante en los tratados denominados de segunda generación, que establecen reglas comunes de inversiones y permite el acceso a las empresas de los países firmantes a la contratación pública del otro país.
El CETA incorpora un “Mecanismo de Protección de Inversiones” (ISDS) que permite a las empresas denunciar a los estados en los que realicen inversiones en caso de que estos países apliquen cambios normativos que, a juicio de las empresas, perjudiquen a sus inversiones. Así las cosas, estas empresas podrán colocarse por encima y al margen de los parlamentos nacionales y del sistema democrático, el cual vería reducido su soberanía.
Además, este mecanismo ISDS permite que sólo las empresas puedan denunciar, no los estados. Y por si esto fuera poco, estas corporaciones empresariales no acudirán a los tribunales nacionales, sino a tribunales arbitrales, que zanjan con laudos irrevocables sus litigios. Se establece, así, un sistema judicial paralelo y alternativo al nacional de cada país.
Según el documento del CETA al que ha tenido acceso determinada prensa, la inclusión de este mecanismo ISDS sirve para conceder aún más poder a las empresas. Tanto es así que, si las empresas no se ponen de acuerdo con los estados para designar a los “árbitros”, la decisión pasa al Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), dependiente del Banco Mundial, lo que supone “dejar al zorro vigilando a las gallinas”. Además, los “árbitros” no pueden ser juzgados por las decisiones que adopten en estos procesos. No olvidemos que en el sistema judicial de cualquier país, un juez puede ser condenado por prevaricación, pero estos árbitros no.
La Comisión Europea (el gobierno de la UE) ha calculado que el CETA impulsará las exportaciones a Canadá en 12.000 millones de euros al año, lo que podría traducirse en la creación de 168.000 empleos. Y según ha publicado El País, el CETA beneficia especialmente a los sectores como el farmacéutico, maquinaria y productos industriales, así como a los grupos de construcción e ingeniería y a profesionales que quieran trabajar en Canadá.
A pesar de todo lo anterior, que demuestra que el CETA sólo beneficia a las grandes corporaciones, sus partidarios consideran cínicamente que este acuerdo constituye un intento de regular la globalización, manteniendo las salvaguardias sociales y medioambientales. Y sostienen que generará riqueza y empleo. En estas tesis están los periódicos ABC, El Mundo, El País o La Razón, entre otros.
Como ha escrito el periodista Aníbal Malvar, la uniformidad mediática causa sospecha, tanto por lo que dicen como por lo que callan. Y estos periódicos “callan, por ejemplo, la voz unánime de las organizaciones ecologistas y de consumidores europeas contra este tratado, que no es otra cosa que una puerta de atrás por la que se nos colará el denostado TTIP”.
Y además, estos mismos medios callan y nos ocultan otras informaciones, como que en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se elaboró un documento que recomendaba NO al CETA, porque supondría la pérdida de 200.000 puestos de trabajo, además de seguir ahondando en el debilitamiento de los derechos laborales y en las garantías de los trabajadores. Y continuaba este documento, añadiendo que se aplastaría con él a las pequeñas y medianas empresas. Y que esto sería literalmente una jungla donde las multinacionales arrasarían a sus anchas.
Por otra parte, los contrarios al acuerdo como Miguel Ángel Soto, responsable de Comercio de Greenpeace, ha declarado que “el CETA supone dar carta de naturaleza a una gobernanza mundial que pone en riesgo nuestros estándares medioambientales”. Y denunciaba también que el acuerdo apunta hacia un método “intensivo, hormonado y transgénico a gran escala”.
Asimismo “Vendiendo la Democracia”, organización que aglutina a varios organismos internacionales, en su último informe “Cómo las reglas de protección de inversiones del CETA amenazan los servicios públicos en Canadá y en la U.E.”, publicado por más de una docena de organizaciones canadienses y europeas, como el Transnational Institute, el Observatorio Corporativo Europeo o el Centro Canadiense de Alternativas Políticas, además de otras organizaciones sociales y ONGs, concluyen pidiendo a los legisladores que renuncien a incluir el mencionado mecanismo ISDS en el tratado con Canadá.
El Observatorio Corporativo Europeo ha publicado un documento en el que manifiesta que el CETA no sólo servirá para reducir aranceles, sino que además brindará nuevos poderes a las multinacionales y servirá de campo de pruebas de lo que vendrá después: el Tratado de Libre Comercio o TTIP que la UE negocia con sigilo con los Estados Unidos, a pesar de su aparente hibernación. En concreto, Pia Eberhardt, investigadora de este Observatorio Corporativo Europeo, ha declarado que el tratado es “arriesgado y muy peligroso” y ha denunciado la actitud de las autoridades europeas, que responden a las críticas con “propaganda” y se empeñan en seguir adelante con acuerdos como el CETA.
Además, el CETA permite que las filiales de multinacionales estadounidenses en Canadá puedan demandar a los estados europeos, por lo que este tratado no sólo será una alfombra roja para las empresas canadienses, sino también para las filiales de multinacionales estadounidenses con cierto peso en la economía de Canadá.
Y por su parte, Gustavo Palomares, catedrático de la UNED ha declarado que el CETA “no establece ninguna salvaguardia respecto a los efectos negativos laborales, sociales o sindicales fruto de la aplicación recíproca del acuerdo”.
Pero, por si fuera poco, como ha escrito la socialista Beatriz Talegón, la manera de negociación del tratado se ha saltado la normativa europea, al hacerse casi a escondidas y sin información visible a la ciudadanía y con fuertes medidas de “seguridad”, que amenazaban a los políticos ante las consecuencias que podría tener la más mínima filtración, secuestrándose, así, las formas democráticas.
Por razones obvias de seguidismo radical de las políticas neoliberales, el Partido Popular, Ciudadanos y los socialistas victoriosos de los Idus de Octubre, acompañados de un apoyo mediático masivo, apoyan este tratado.
Por otra parte, a los ecologistas y partidos como Izquierda Unida y Podemos les preocupa especialmente la creación de un tribunal de arbitraje para la protección de inversiones que ningunea a los sistemas judiciales nacionales de cada país.
Por todo lo anterior, uno llega a la conclusión de que el CETA se propone reformar en los países cualquier ley que ponga obstáculos al libre comercio. Y para conseguir su objetivo, si fuera necesario, no se dudará en atacar los sistemas nacionales que garantizan la protección social, la protección sanitaria o la medioambiental. Y como hemos constatado, se ejecuta, además, un golpe sutil a nuestra democracia y a nuestra justicia. Se trata de entregar una nueva herramienta al capitalismo salvaje, propio del siglo XXI, para que pueda seguir doblegando a los ciudadanos, pero a partir de ahora, con libertad absoluta.
Llegado a este punto, sólo añadir una breve reflexión: nos las prometíamos muy felices con la globalización, pero lo que está llegando con ella son un grupo de grandes compañías mundiales que arrasan con todo y que pagan grandes sueldos a sus directivos y expertos, pero que entregan nóminas miserables a la gran mayoría de trabajadores.
Por eso, digan lo que digan los políticos de distinto signo y sus comparsas mediáticas, si uno pudiera participar como ciudadano de a pie directamente en la decisión, honradamente, no me quedaría otra que votar NO al CETA.
Fernando Romero
Miembro de la Mesa de RA